En Colombia, la prestación de servicios de salud es una actividad estrictamente regulada. La habilitación por parte de las Secretarías de Salud territoriales es un requisito indispensable que garantiza que las instituciones y profesionales cumplan con los estándares de calidad, seguridad y capacidad técnico-científica necesarios para salvaguardar la vida y la salud de los pacientes. Resolución 3100 de 2019 y complementarias.
Prestar servicios sin esta autorización no solo es una infracción grave, sino que acarrea severas consecuencias legales y sancionatorias.
Riesgos legales y sanciones administrativas por incumplimiento
La Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de Salud y Protección Social, junto con las Secretarías de Salud departamentales y distritales, son las entidades encargadas de vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente. Aquellos que operan sin la debida habilitación se exponen a sanciones administrativas significativas. Estas pueden incluir:
- Multas económicas: Las sanciones pecuniarias pueden ser elevadas, dependiendo de la gravedad de la infracción y el lucro obtenido.
- Cierre temporal o definitivo del establecimiento: La autoridad sanitaria puede ordenar la suspensión de actividades o el cierre definitivo de las instalaciones.
- Suspensión o cancelación de licencias y permisos: Los profesionales de la salud involucrados podrían ver sus licencias profesionales suspendidas o incluso canceladas.
Implicaciones penales y civiles adicionales
Más allá de las sanciones administrativas, la prestación ilegal de servicios de salud puede derivar en responsabilidades penales. Conductas como el “ejercicio ilegal de la profesión” (Artículo 322 del Código Penal Colombiano) pueden ser imputadas, con penas de prisión que varían según la gravedad y el daño causado.
Así mismo, pueden surgir acciones civiles por daños y perjuicios. Los pacientes afectados por una mala praxis en un servicio no habilitado tienen derecho a reclamar indemnizaciones por los daños físicos, psicológicos y económicos sufridos.
Esto incluye no solo al prestador, sino también a cualquier persona que haya facilitado o encubierto la operación ilegal.
Prevención y cumplimiento: un camino hacia la legalidad
Para evitar estas graves consecuencias, es fundamental que todo prestador de servicios de salud en Colombia se asegure de obtener y mantener su habilitación ante la Secretaría de Salud correspondiente.
Este proceso no solo es un requisito legal, sino una garantía de calidad y compromiso con la salud pública. La inversión en el cumplimiento normativo siempre será menor que el costo de las sanciones y los riesgos reputacionales y legales.
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